El proyecto
Cada año, más personas migran por motivos de trabajo, y contribuyen de forma decisiva a las sociedades y economías de acogida. Sin embargo, se continúan documentando una serie de prácticas abusivas que ocurren sistemáticamente en la contratación de trabajadores y trabajadoras migrantes que realizan trabajos de bajos salarios. Los gobiernos tienen un importante papel que desempeñar para garantizar una contratación equitativa y, aunque muchos países cuentan con marcos regulatorios en vigor, muchos otros no han logrado erradicar el trato abusivo. En comparación con las herramientas prácticas que han surgido en los últimos años para ayudar a las empresas internacionales a contratar de manera ética, se han realizado menos investigaciones destinadas a impulsar acciones por parte de los gobiernos para abordar los abusos relacionados con la contratación. Este proyecto pretende suplir esta carencia en materia de investigación e información.
Qué hemos investigado y dónde
Nuestra investigación se ha centrado en cinco corredores de migración laboral: de Myanmar a Tailandia, de Nepal a Kuwait, de Nepal a Qatar, de Filipinas a Taiwán y de México a Canadá. En estos corredores, el proyecto ha evaluado nueve áreas interdependientes de políticas gubernamentales, con 44 indicadores. Estos indicadores se basan principalmente en los Principios generales y directrices para la contratación equitativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero incluyen también ciertas áreas, como la movilidad laboral para los trabajadores y trabajadoras migrantes y las vías de acceso a la residencia permanente y la nacionalidad, que no tienen mucho peso en las normas internacionales. En cada fase de la investigación y análisis el objetivo fue identificar elementos comunes de todos los corredores con repercusiones directas en la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras migrantes pudieran migrar de forma justa en busca de trabajo.
Con quién hemos hablado
Entre noviembre de 2019 y mayo de 2020 realizamos más de 300 entrevistas individuales en profundidad para este proyecto, así como una serie de talleres de debate. Para la evaluación de leyes, políticas y prácticas con respecto a los indicadores, realizamos una revisión exhaustiva de fuentes secundarias y recabamos información y perspectivas de una amplia variedad de partes interesadas, entre ellas representantes gubernamentales, trabajadores y trabajadoras migrantes, reclutadores y empleadores, sociedad civil, sindicatos, académicos y especialistas técnicos, y representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Nuestros hallazgos
El análisis detallado de las áreas e indicadores objeto de estudio revela hasta qué punto están interrelacionadas: una legislación rigurosa en materia de contratación solo es efectiva si existe una inspección con la debida formación y recursos; un acuerdo laboral bilateral en que el país de origen negocia disposiciones detalladas en materia de contratación ética será ineficaz si el país de destino viola los derechos laborales fundamentales; la prohibición de comisiones de contratación no será efectiva si operarios sin ética pueden eludir las leyes y normas sobre licencias. Con base en los estudios de cada corredor individual, hemos formulado siete recomendaciones principales y 35 recomendaciones secundarias detalladas. A continuación, exponemos las siete recomendaciones principales por orden de importancia, empezando con las medidas más importantes. Las tres primeras recomendaciones están dirigidas a los países de destino. Nuestra conclusión es que, si bien parte del debate en torno a la contratación de trabajadores y trabajadoras migrantes se centra en el papel de los países de origen, son los países de destino los que mayores posibilidades tienen de garantizar la contratación equitativa.
We are pleased to publish the Five Corridors Project on fair recruitment today. We are calling on governments that host migrant workers to take more of the strain in preventing abuse. https://t.co/ar8H8Pa8xa pic.twitter.com/ZXm6fxwamO
— FairSquare (@fairsqprojects) July 6, 2021
Asesoramiento y apoyo
El proyecto Cinco Corredores está liderado por FairSquare Projects, una organización de derechos humanos sin ánimo de lucro radicada en Londres. FairSquare Projects lleva a cabo investigaciones y trabajo de incidencia para ayudar a promover y proteger los derechos humanos, especialmente en materia de derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes.
Luis DeBaca, embajador retirado, es uno de los dos asesores principales del proyecto. Durante la administración Obama, el embajador DeBaca fue director de la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas del Departamento de Estado, responsable de coordinar las actividades del gobierno estadounidense en la lucha global contra formas contemporáneas de esclavitud. Es miembro del Centro Gilder Lehrman para el Estudio de la Esclavitud, Resistencia y Abolición del Centro MacMillan en la Universidad de Yale.
Elizabeth Frantz, directora del Pacto Mundial para la Migración promovido por la Open Society es la otra asesora principal del proyecto. Lidera el trabajo de su organización relacionado con el trabajo justo en apoyo a los esfuerzos para evitar las prácticas de explotación laboral que sufren las personas migrantes y refugiadas.
También pudimos contar con la experiencia y conocimientos de los miembros del grupo asesor del proyecto Cinco Corredores:
- Marie Apostol, fundadora y presidenta de TFHI, Inc (Iniciativa para la Contratación Equitativa).
- Bassina Farbenblum, profesora asociada de la Universidad de Nueva Gales del Sur y de la Iniciativa de Justicia para los Trabajadores y Trabajadoras Migrantes (Migrant Worker Justice Initiative).
- Catedrático Ray Jureidini, profesor de derechos humanos y ética migratoria en el Centro de Investigación sobre la Legislación Islámica y la Ética (CILE, por sus siglas en inglés) de la Universidad Hamad Bin Khalifa de Doha (Qatar).
- Catedrática Sarah Paoletti, directora fundadora de la Clínica Jurídica Transnacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania.
- David Schilling, Centro Interreligioso sobre Responsabilidad Corporativa (ICCR, por sus siglas en inglés).
- Doctora Angela Sherwood de la Universidad Queen Mary de Londres.