México Canada

Cada año, Canadá expide más de 30.000 permisos de trabajo temporales a personas mexicanas, que representan aproximadamente el 10% de la mano de obra migrante en Canadá. La mayoría son trabajadores y trabajadoras en el sector de la agricultura contratados a través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), que lleva en vigor cerca de 50 años. Estos trabajadores, el 96% de los cuales son hombres, van y vuelven de Canadá cada año como parte de este popular programa que gestiona el gobierno mexicano con empleadores canadienses. La gestión relativamente rigurosa del PTAT contrasta con la escasa regulación del sector privado de reclutamiento de mano de obra, que realiza una función de mediación para el acceso de los trabajadores y trabajadoras migrantes mexicanos a puestos de trabajo en América del Norte.

Más allá del marco del PTAT, los empleadores canadienses pueden contratar trabajadores y trabajadoras migrantes procedentes de cualquier país siempre que ambas partes cumplan con todos los requisitos migratorios. El número de trabajadores y trabajadoras migrantes que llegan a Canadá en el marco de programas de trabajo temporal prácticamente se ha triplicado en el último decenio. En la actualidad, varios sectores de la economía dependen en cierta medida de los trabajadores y trabajadoras extranjeros temporales, que en 2017 representaban el 26% de la mano de obra en la producción agraria. La mayor dependencia de Canadá de la mano de obra migrante, especialmente para los trabajos con salarios bajos, ha creado tensiones en el contexto de los compromisos del gobierno de preservar el trabajo para las personas canadienses. Por ello, las empresas deben completar lo que consideran una complicada y costosa Evaluación de Impacto en el Mercado Laboral (LMIA, por sus siglas en inglés) cada vez que quieren contratar a una persona no nacional, para demostrar que no es posible contratar a una persona residente en Canadá para el trabajo (este requisito se exige para la mayoría de trabajos con bajos salarios).

Las autoridades mexicanas deben:

• Revisar la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento de Agencias de Colocación de Trabajadores (RACT) para que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STPS) cuente con autoridad clara para investigar y sancionar a los reclutadores de mano de obra e intermediarios sin licencia.
• Aumentar de forma sustancial la inversión destinada al seguimiento e inspección de los reclutadores autorizados, y establecer mecanismos de presentación de reclamaciones accesibles y eficaces para los trabajadores y trabajadoras que sean objecto de abusos y fraude.
• Publicar información sobre las conclusiones de las inspecciones que se realicen a las agencias de reclutamiento de mano de obra que incluya detalles sobre la aplicación de sanciones.
• Destinar más recursos a sus consulados en Canadá y dar instrucciones explicitas a su personal funcionario para que su principal prioridad sea la seguridad y dignidad de los trabajadores.

En relación con el PTAT, las autoridades mexicanas y canadienses de forma conjunta deben:

• Armonizar la normativa del PTAT a las normas de la OIT en materia de comisiones de contratación y gastos conexos, para garantizar que los trabajadores no pagan por gastos vinculados a su contratación para participar en el programa.
• Permitir la representación y participación de trabajadores en las reuniones anuales del PTAT, de acuerdo con las directrices de la OIT en materia de acuerdos bilaterales.
• Facilitar de manera significativa que los trabajadores y trabajadoras del PTAT puedan cambiar de trabajador y eliminar el papel del empleador actual en el proceso de cambio.

Las autoridades federales canadienses deben:

• Facilitar una mayor movilidad laboral; en concreto, deben eliminar el permiso de trabajo para un empleador específico y ampliar el acceso a la residencia permanente para trabajadores y trabajadoras migrantes con bajos salarios. Garantizar que las inspecciones federales entrevisten siempre a los trabajadores y trabajadoras migrantes sin la presencia de sus empleadores o supervisores y ofrecer canales de comunicación para que los trabajadores y trabajadoras puedan comunicar cualquier amenaza o medida de represalia tras las inspecciones.
• Garantizar que las inspecciones preguntan sobre el pago por parte de los trabajadores o trabajadoras de gastos de contratación o comisiones relacionadas prohibidas en virtud del Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (TFWP) y exigir responsabilidades a los empleadores en los casos en que se hayan cobrado tales comisiones a los trabajadores y trabajadoras, incluso cuando estas comisiones las cobran terceras personas contratadas por los empleadores.
• Procurar fondos federales para que los trabajadores y trabajadoras migrantes puedan recibir asistencia letrada gratuita que les ayude especialmente con la presentación y tramitación de reclamaciones a nivel federal y provincial y otros procedimientos conexos, tales como la obtención de permisos de trabajo abiertos en los casos de abusos.
• Analizar si la política que permite a los consultores de inmigración cobrar comisiones a los trabajadores y trabajadoras extranjeros que solicitan permisos de trabajo se ajusta plenamente de la definición de comisiones de contratación y gastos asociados adoptada por la OIT en 2019 y publicar los resultados, a fin de prohibir dicha política en el caso de trabajadores y trabajadoras que solicitan trabajo en el marco del Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (TFWP) y otros programas cuando los contratos de trabajo están vinculados a un empleador específico.
• Requerir a los especialistas en inmigración autorizados que faciliten información a las autoridades federales sobre todos sus socios internacionales y exigirles responsabilidades por las acciones de sus socios en el extranjero; garantizar que la nueva regulación da prioridad al cumplimiento de las normas; y ampliar las investigaciones de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) para abarcar también a los especialistas en inmigración que operan sin licencia.
• Conceder mayor importancia política a la coordinación entre los niveles federal, provincial y territorial en cuanto a legislación y cumplimiento normativo en materia de contratación y empleo de trabajadores y trabajadoras migrantes.

Las autoridades provinciales canadienses deben:

• Eliminar las restricciones a la libertad de asociación que impiden a los trabajadores y trabajadoras migrantes o a otras categorías de trabajadores ejercer su legítimo derecho a fundar sindicatos o afiliarse a ellos.
• Eliminar de la legislación laboral las exenciones generales que dejan a los trabajadores y trabajadoras migrantes y a otras categorías de trabajadores sin las salvaguardias legales básicas con respecto a sus condiciones de trabajo, como por ejemplo las relativas a la duración de la jornada laboral, periodos de descanso y salarios.
• Poner en marcha un sistema de licencias para todas las personas o compañías que participan en la contratación de trabajadores y trabajadoras migrantes, allí donde todavía no exista; exigir que los empleadores y reclutadores se registren en las provincias; y exigir responsabilidades a los empleadores y reclutadores s por las acciones de terceras partes en el proceso de contratación.