Marco jurídico
Este es un análisis del marco jurídico y normativo que regula el proceso de contratación en cada país. Analiza si el marco normativo abarca todas las etapas del proceso de contratación, si se aplica a todos los trabajadores y trabajadoras y si existen mecanismos para que las partes interesadas puedan participar en los procedimientos legislativos. También identifica lagunas legales que podrían dejar a los trabajadores y trabajadoras en situación de vulnerabilidad.
Convenciones internacionales (2.1)
Los Principios generales y directrices para la contratación equitativa de la OIT recomiendan a los gobiernos “contemplar la posibilidad de ratificar y aplicar los instrumentos internacionales pertinentes” (Directriz 1.2). Esta sección destaca las principales convenciones de la ONU y de la OIT ratificadas por los gobiernos y el grado de participación de éstos en los procesos y mecanismos de consulta.
Aplicación a las diferentes etapas del proceso de contratación (2.2)
La Directriz 4.1 de los Principios generales y directrices para la contratación equitativa de la OIT indica que la legislación y los reglamentos deberían incluir la cobertura de “todas las etapas del proceso de contratación, y de las partes interesadas, también en relación con la publicación de anuncios, la difusión de información, la selección, el transporte, la colocación en el empleo y [...] el retorno al país de origen”. Esta sección revisa los principales instrumentos legislativos de cada país, así como su grado de detalle y especificidad para cada etapa del proceso de contratación.
Normativa aplicable a todos los trabajadores y trabajadoras (2.3)
Según la Directriz 4 de los Principios generales y directrices para la contratación equitativa de la OIT, la legislación y regulaciones sobre contratación equitativa debería aplicarse a “todos los trabajadores, en particular a aquellos que se encuentran en una situación vulnerable”. Ciertos grupos de trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras domésticos, agrícolas o del mar, a menudo están excluidos de la legislación laboral o se rigen por marcos normativos específicos que ofrecen un menor nivel de protección. Los trabajadores y trabajadoras indocumentados también pueden quedar excluidos de la aplicación de legislación protectora de sus derechos tanto en los países de origen como de destino. Esta sección examina el ámbito de aplicación de la legislación en materia de contratación equitativa.
Participación de las organizaciones de trabajadores (2.4)
Según la Directriz 3.1 de los Principios generales y directrices para la contratación equitativa de la OIT, los gobiernos deberían alentar la participación de los trabajadores y trabajadoras en la elaboración y revisión de su marco legislativo. Esta sección analiza si las organizaciones de trabajadores pueden contribuir de manera significativa en la elaboración y revisión de la legislación pertinente, por ejemplo, mediante procesos públicos de consulta o revisiones parlamentarias.
Recruiter and employer organization input (2.5)
ILO GPOG Guideline 3.1 expects states to involve recruiter and employer organizations in the formulation of their legal framework.
This indicator examines whether recruitment agencies and employers are able to make meaningful contributions to relevant legislation, for example through public consultation processes or parliamentary reviews.
