México - Canada: Lucha contra el fraude y los abusos

En México, los reclutadores e intermediarios privados incurren en prácticas fraudulentas y abusivas generalizadas y hasta la fecha, los esfuerzos del gobierno para acabar con tales prácticas han demostrados ser inadecuados. La Constitución mexicana prohíbe el cobro de comisiones de contratación a las trabajadoras y trabajadores migrantes, pero en la práctica, es común entre los reclutadores privados y rara vez se aplica la prohibición legal. Las encuestas sugieren que, en los casos en que el gobierno no facilita la contratación, hasta el 58 % de las trabajadoras y trabajadores que viajan a Estados Unidos pueden tener que abonar comisiones ilegales que ascienden a cuatro meses (o más) del salario mínimo mexicano. Muchos trabajadores y trabajadoras solicitan préstamos para pagar dichas comisiones. Es más habitual que los reclutadores informales y sin licencia cobren estas comisiones, pero los operadores autorizados también recurren a esta práctica. Es común que las trabajadoras y trabajadores se encuentren con que las condiciones que se les prometieron en México no se materializan a su llegada. Una encuesta a trabajadoras y trabajadores mexicanos con H-2A visas en EE. UU realizada por el Centro de los Derechos del Migrante en 2020 constató que al 44 % no se le pagó el salario prometido. En muchos casos, los reclutadores cobran comisiones a las trabajadoras y trabajadores para obtener empleos que en realidad no existen. Aunque se supone que el gobierno debe verificar todos los contratos de personas mexicas empleadas en el extranjero, esto no sucede en la práctica, y los reclutadores sin licencia, que a menudo tienen vínculos con las comunidades mayoritariamente rurales donde llevan a cabo la contratación, aprovechan las lagunas que existen en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y en la policía. El cobro ilegal de comisiones a las trabajadoras y trabajadores migrantes del PTAT a los que contrata el gobierno es menos común y parece limitarse a casos de corrupción entre funcionarios. No obstante, las personas que emigran a través del PTAT deben abonar todos los años gastos administrativos y de viaje relacionados con la contratación, cargos que están en conflicto con las normas internacionales sobre comisiones de contratación. Las trabajadoras y trabajadores del PTAT, los consulados y las organizaciones de trabajadores también indican que no es inusual que los centros de trabajo no respeten los términos del contrato estándar, especialmente en lo que respecta al alojamiento y salario.

Todas las provincias canadienses prohíben el cobro de comisiones de contratación a las trabajadoras y trabajadores, y muchas amplían explícitamente dicha prohibición más allá de los reclutadores de mano de obra para incluir a los empleadores. La ley federal en materia de inmigración refuerza la legislación provincial sobre el cobro de comisiones, y las visas y permisos de trabajo del Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (TFWP) no pueden expedirse a menos que los trabajadores y trabajadoras presenten un contrato de trabajo firmado. Sin embargo, continúan documentándose casos de cobro de comisiones y prácticas fraudulentas asociadas, y los expertos señalan que sigue siendo un problema importante. Las cantidades que pagan las trabajadoras y trabajadores varía significativamente en función del sector de empleo, el país de origen y su capacidad de endeudamiento, pero suelen cobrarse sumas de entre 5.000 y 15.000 dólares canadienses (entre 4.100 y 12.400 dólares estadounidenses respectivamente). Dichas cantidades pueden ascender a muchos meses o incluso años de salario en sus países de origen. Para que los trabajadores y trabajadoras acepten el pago de comisiones, se les promete falsamente la posibilidad de obtener la residencia permanente. Las investigaciones han descubierto agencias de trabajo temporal abusivas que operan como reclutadores y empleadoras prestando servicios a las grandes marcas. El consulado mexicano nos informó de casos en los que los empleadores recuperan los gastos de contratación que han pagado a las agencias reteniendo una cantidad de los salarios de las trabajadoras y trabajadores, que es posible que ya hayan abonado comisiones al reclutador. Los funcionarios provinciales señalaron la dificultad de perseguir el abuso relacionado con la contratación, ya que los reclutadores, que pueden estar fuera de Canadá, a menudo dejan pruebas mínimas: solicitan el pago en efectivo y no firman contratos. Las trabajadoras y trabajadores pagan habitualmente por trabajos que no existen y, a veces, solo descubren este engaño cuando llegan a Canadá. El papel que los consultores de inmigración desempeñan en el cobro de comisiones ilegales es especialmente problemático A diferencia de los reclutadores, los consultores autorizados pueden aceptar comisiones de los posibles trabajadores y trabajadoras migrantes por asistencia con los trámites de inmigración. Dado que los consultores también pueden actuar como reclutadores, esta doble función abre una zona gris que se ha aprovechado con relativa facilidad. Un consultor nos dijo que “el problema es que es la venta de puestos de trabajo donde se gana dinero”. Las provincias de Saskatchewan y Manitoba han intentado abordar en su legislación este conflicto de intereses. También hay problemas ampliamente documentados asociados con los consultores de inmigración "fantasmas” (sin licencia), que en algunos casos trabajan desde fuera de Canadá y con frecuencia cobran a las trabajadoras y trabajadores sin prestar ningún servicio.

Recomendaciones al gobierno mexicano:

• Investigar de forma proactiva a las agencias e intermediarios no autorizados y exigir responsabilidades a quienes someten a fraude y abuso a los trabajadores y trabajadoras migrantes.
• Trabajar con Canadá para armonizar el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) con las normas de la OIT en materia de comisiones de contratación y costes asociados para garantizar que los trabajadores no pagan gastos por su contratación en el marco del programa. En especial, los trabajadores y trabajadoras migrantes no deben pagar gastos médicos, de viaje y de transporte ni el coste del permiso de trabajo necesarios para lograr acceder al empleo.

Recomendaciones al gobierno federal canadiense:

• Analizar si la política que permite a los consultores de inmigración cobrar comisiones a los trabajadores y trabajadoras extranjeros que solicitan permisos de trabajo se ajusta plenamente a la definición de comisiones de contratación y gastos asociados adoptada por la OIT en 2019 y publicar los resultados, a fin de prohibir dicha política en el caso de trabajadores y trabajadoras que solicitan trabajo en el marco del Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (TFWP) y otros programas cuando los contratos de trabajo están vinculados a un empleador específico.
• Exigir a los empleadores reembolsar a los trabajadores y trabajadoras con salarios bajos los gastos asociados a la obtención de permiso de trabajo, de conformidad con las normas de la OIT.
• Garantizar que el nuevo regulador para consultores de inmigración cuenta con recursos suficientes para poder aplicar la ley de forma eficaz e investigar proactivamente los casos de explotación por parte de consultores autorizados y no autorizados.
• Aumentar el número de investigaciones proactivas realizadas por el Organismo de Servicios de Fronteras de Canadá (CBSA) sobre actividades fraudulentas realizadas por consultores de inmigración, entre los que figuran los operadores no autorizados.

Recomendaciones a los gobiernos federales y provinciales de Canadá:

• Prohibir la participación de los consultores de inmigración en el proceso de contratación del mismo trabajador o trabajadora, de igual modo que la legislación adoptada en la provincia de Manitoba o, como mínimo, garantizar que los consultores de inmigración informan a los trabajadores o trabajadoras y al empleador en el caso de ofrecer servicios a ambos, y exigir el consentimiento de ambas partes.