México - Canada: Política migratoria
Tradicionalmente México ha sido un país de emigración y los grandes movimientos de personas migrantes permanentes, temporales e irregulares a Estados Unidos han tenido un papel importante en la economía política de ambos países. En las últimas dos décadas, el crecimiento económico de México ha mejorado las perspectivas de empleo en el país tanto para sus nacionales como para las personas migrantes extranjeras, mientras que en Estados Unidos se han reducido las oportunidades laborales para las personas mexicanas como consecuencia de la recesión económica tras la crisis financiera de 2008 y la aplicación más estricta de controles fronterizos. Al mismo tiempo, el aumentado de la migración indocumentada de Centroamérica a Estados Unidos a través de México ha puesto al gobierno bajo una presión considerable por parte de Estados Unidos y a nivel internacional. El impacto de la COVID-19 en la economía mexicana y las expectativas de un entorno más favorable para las personas migrantes durante el gobierno de Joe Biden podrían dar lugar a un nuevo aumento de la migración mexicana a este país. Si bien la situación de las trabajadoras y trabajadores mexicanos que emigran al extranjero no es una prioridad gubernamental (las prioridades son la seguridad nacional y los desafíos económicos), el gobierno tiene una clara preferencia por la contratación bilateral de gobierno a gobierno sobre la contratación por parte del sector privado. No existe un programa bilateral con Estados Unidos a través del cual los agentes privados de contratación pueden participar en programas de visados temporales. Sin embargo, cada año cerca de 27.000 trabajadores y trabajadoras emigran a Canadá en el marco del programa bilateral con este país, el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT). La demanda de plazas en este programa, que se gestiona de forma rigurosa en comparación con la escasa regulación de la industria de contratación privada, es alta. El PTAT ha sido objeto de críticas por el bajo nivel de participación de las mujeres y en los últimos años el gobierno ha tomado algunas medidas destinadas a reducir las prácticas de contratación discriminatorias entre los agricultores canadienses.
Más de la quinta parte de la población de Canadá ha nacido fuera del país y la tasa de inmigración ha aumentado en el marco de la estrategia económica del gobierno de Justin Trudeau que prevé la admisión de 421.000 nuevos residentes permanentes para 2023 como plan para impulsar la recuperación tras la pandemia de COVID-19. Junto con los programas de inmigración permanente, el gobierno federal administra varios programas de migración temporal en los que la responsabilidad por las condiciones laborares, la seguridad en el lugar de trabajo, la contratación laboral y la salud recae en la jurisdicción provincial. El número de trabajadoras y trabajadores extranjeros que llegan a Canadá en el marco de los principales programas temporales —el Programa de Movilidad Internacional (IMP, por sus siglas en inglés) y el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (TFWP, por sus siglas en inglés)— casi se ha triplicado en la última década. Ambos programas obedecen a la demanda de trabajadores y trabajadoras extranjeros por parte de los empleadores más que a acuerdos bilaterales con los Estados de origen, con la excepción de los acuerdos PTAT que se enmarcan en el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (TFWP). En la actualidad, varios sectores de la economía dependen en cierta medida de las trabajadoras y trabajadores extranjeros temporales (por ejemplo, en 2017 constituían el 26% de la mano de obra en la producción agrícola). Esta dependencia parece estar en conflicto con los compromisos del gobierno de dar prioridad en el empleo a las personas nacionales canadienses. Por tanto, cada vez que a las empresas les interesa contratar a una persona extranjera, como ocurre para la mayoría de los trabajos de bajo salario, tienen que pasar por una Evaluación de Impacto en el Mercado Laboral (ILMA, por sus siglas en inglés) que consideran gravosa y costosa. En este contexto, los empleadores se han opuesto a la creciente presión para anular el permiso de trabajo para un empleador específico (o “permiso de trabajo cerrado”) que vincula a trabajadoras y trabajadores con un solo empleador. Los defensores y expertos sostienen que esta es una de las principales causas de la precariedad laboral y los abusos de derechos humanos. Muchos trabajadores y trabajadoras, incluidos los que se contratan a través del PTAT, temen la rescisión de sus contratos si se quejan de las condiciones, lo que daría lugar a su repatriación y a la pérdida de ingresos cruciales. El gobierno no ha reformado por completo el permiso de trabajo cerrado, sino que ha introducido un permiso abierto para las empleadas y empleados que denuncian determinadas formas de abuso. Al mismo tiempo, la pandemia de COVID-19 ha intensificado el debate nacional sobre la dependencia del país de una fuerza laboral migrante que posiblemente no sea “temporal", y han aumentado los llamamientos para mejorar el acceso de las trabajadoras y trabajadores migrantes con salarios bajos a la residencia permanente y a la ciudadanía.
Recomendaciones al gobierno mexicano:
- Realizar una revisión formal e independiente de las políticas gubernamentales referentes a las personas migrantes mexicanas contratadas fuera del país. La revisión debe incluir las opiniones de una amplia variedad de partes interesadas y abordar, entre otras cuestiones, la perspectiva de género y la eficacia de la actual regulación en materia de contratación.
- Explorar las posibilidades de firmar nuevos programas de contratación entre gobiernos, ya que en este momento ofrecen una mayor protección a los trabajadores y trabajadoras migrantes y personas solicitantes de empleo mexicanas, en comparación con la industria privada de contratación.
- Garantizar que en el marco del PTAT se cumple rigurosamente con la normativa que prohíbe a los agricultores canadienses que participan en el programa seleccionar a los trabajadores y trabajadoras según su sexo, como ocurrirá este año. Dar prioridad a las mujeres para cubrir nuevos puestos por trabajadores o trabajadoras que no han sido “nombrados” por los empleadores.
Recomendaciones al gobierno canadiense:
- Facilitar una mayor movilidad laboral:
- Reevaluar las opciones para mejorar la movilidad de los trabajadores y trabajadoras migrantes, a fin de eliminar los permisos de trabajo vinculados a un empleador específico, que contribuyen de forma significativa a crear precariedad para los trabajadores y trabajadoras migrantes.
- Reducir la burocracia existente para solicitar un permiso de trabajo abierto para los trabajadores y trabajadoras vulnerables.
- Mejorar el acceso a la residencia para los trabajadores y trabajadoras migrantes con salarios bajos:
- A partir de las experiencias de los programas piloto Agri-Food y Caregiver, ampliar las opciones para que los trabajadores y trabajadoras migrantes con salarios bajos puedan obtener la residencia permanente en los casos en que sus servicios se demandan de forma constante y, entre otras cosas, ofrecer la residencia permanente desde el momento de su llegada o, en su defecto, garantizar vías de acceso a la residencia permanente, así como la reunificación familiar.
- Revisar el límite de 8 meses de los permisos de trabajo que se conceden en el marco del PTAT que, en gran medida, impide que los trabajadores y trabajadoras migrantes en este programa puedan obtener la residencia permanente.
- Revisar si el nivel de conocimiento del idioma requerido para acceder a la residencia permanente es adecuado para los trabajadores y trabajadoras migrantes con salarios bajos, y ampliar la financiación para ofrecer cursos de idiomas que les ayuden a cumplir las exigencias lingüísticas.
