México - Canada: Reclutadores autorizados

El Reglamento de Agencias de Colocación de Trabajadores (RACT) establece el marco de México para la concesión de licencias a los agentes de contratación. Todas las agencias de empleo con fines de lucro deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y obtener una autorización antes de prestar servicios de contratación a escala nacional o internacional, y los reclutadores que colocan a trabajadoras y trabajadores migrantes en empleos en el extranjero deben cumplir con requisitos adicionales. Se prohíbe a las agencias de colocación cobrar a las y los solicitantes de empleo cualquier tipo de comisión, acordar con los empleadores deducir comisiones de los salarios de las trabajadoras y trabajadores, ofrecer empleo ilegal o inexistente, o inducir a error a las y los solicitantes. Está prohibido contratar personal para realizar trabajos en el extranjero sin tener una licencia y se puede sancionar con multas que oscilan entre 50 y 5.000 veces el salario mínimo, o el equivalente a una cantidad de entre 340 y 34.000 dólares estadounidenses. Sin embargo, en la práctica, el número de reclutadores informales y no autorizados supera ampliamente al de agencias autorizadas, y son los primeros quienes llevan a cabo la mayor parte de las contrataciones en México. El sistema de concesión de licencias actual no contribuye de forma significativa a promover o garantizar una contratación justa. En agosto de 2020, solo había nueve agencias autorizadas para contratar a trabajadoras y trabajadores mexicanos para cubrir puestos laborales en el extranjero, a pesar de que cada año se contrata a cientos de miles de personas para trabajar en América del Norte; situación que refleja lo que una ONG define como “un sistema altamente descentralizado y no regulado”. El gobierno mantiene un registro público de agencias, pero este contiene solo información básica. Por ejemplo, no facilita detalles sobre las agencias de colocación que han sido sancionadas o a las que se ha revocado la licencia. No hay datos sobre las inspecciones ni sobre sus resultados. En la actualidad, hay pocos mecanismos para disuadir a los reclutadores sin licencia o poco éticos. El hecho de que no se ponga límite a las actividades de los reclutadores sin licencia contribuye a explicar por qué tan pocos optan por registrarse formalmente.

El gobierno federal de Canadá tiene jurisdicción sobre la concesión de licencias a los consultores de inmigración, que están autorizados a ofrecer asistencia con las solicitudes de inmigración, incluidos los permisos de trabajo. Existe un registro nacional de consultores de inmigración con licencia, y el organismo regulador publica en línea los resultados de los procedimientos disciplinarios, también en lo que respecta a la contratación fraudulenta y al cobro de comisiones. No obstante, en 2021, el gobierno federal ha establecido un nuevo organismo regulador en respuesta a las reiteradas preocupaciones sobre las carencias de los dos regímenes autorreguladores anteriores que se establecieron en 2004 y 2011 respectivamente.

La incapacidad de los organismos reguladores y del gobierno federal para hacer frente de manera efectiva a los representantes no regulados o "consultores fantasmas" se puso especialmente de relieve en la revisión parlamentaria de 2017. Las administraciones provinciales tienen competencia para conceder licencias a los reclutadores de mano de obra. Las prácticas provinciales varían en función de la provincia. El primer marco jurídico global de regulación de la contratación laboral se introdujo en Manitoba en 2009. Seis provincias, la mayoría de las que acogen a un gran número de trabajadoras y trabajadores migrantes, exigen que los reclutadores de mano de obra dispongan de una licencia para operar, y algunas también requieren que los empleadores se registren para poder contratar a personas migrantes. Quebec y Saskatchewan han adoptado medias adicionales y exigen que los consultores de inmigración estén registrados tanto a nivel federal como provincial para poder operar. Sin embargo, la provincia que acoge a la mayoría de trabajadoras y trabajadores migrantes, Ontario (junto con otras seis provincias y territorios), no exige que los reclutadores de mano de obra se registren para operar, una política a la que los sindicatos y las agencias de colocación han pedido que se ponga fin. Según los expertos estas diferencias entre provincias permiten que los reclutadores sin escrúpulos concentren sus actividades en aquéllas donde la normativa y el proceso de seguimiento son menos rigurosos. La supervisión de las actividades de contratación fuera de Canadá también sigue siendo un desafío importante y algunas provincias, incluidas Columbia Británica y Saskatchewan, requieren que los reclutadores autorizados proporcionen información sobre sus socios internacionales. Como medida adicional, Columbia Británica exige responsabilidades a los reclutadores autorizados por las acciones de sus socios internacionales.

Recomendaciones al gobierno mexicano:

• Considerar cambios en la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento de Colocación de Trabajadores (RACT) para conceder licencias a nivel individual, en lugar de, o como complemento al sistema actual de licencias a empresas que pueden volver a establecerse como nuevas empresas para evitar sanciones.
• Revisar la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento de Colocación de Trabajadores (RACT) para determinar las multas contra reclutadores laborales e intermediarios no autorizados que ofrecen sus servicios a trabajadores y trabajadoras migrantes y personas solicitantes de empleo; exigir responsabilidades a los reclutadores autorizados por las acciones de sus socios e intermediarios no autorizados; y autorizar y dotar de fondos a la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social (STPS) para que pueda aplicar y exigir el cumplimiento de sanciones a los reclutadores e intermediarios no autorizados, independientemente de que se sean empresas o personas físicas.
• Establecer un marco de contratación ética en el sistema regulatorio y de concesión de licencias para que las agencias de reclutamiento existentes o potenciales tengan que demostrar el cumplimiento de principios éticos de contratación, que deberá ser comprobado y verificado por una tercera parte independiente; considerar la introducción de incentivos para empresas que puedan demostrar genuinamente diligencia debida, compromiso con procesos de contratación sin cobro de comisiones y cumplimiento con la obligación de proteger a los trabajadores y trabajadoras migrantes.
• Publicar información sobre las agencias de colocación sometidas a inspección y sancionadas para que los trabajadores y trabajadoras migrantes y personas solicitantes de empleo puedan evitar recurrir a tales agencias.

Recomendaciones al gobierno federal canadiense:

• Requerir a los consultores de inmigración que faciliten información sobre sus socios en Canadá y en el extranjero y exigirles responsabilidades por las acciones de sus socios extranjeros, de forma similar a los cambios recientes introducidos por la provincia Columbia Británica para los reclutadores autorizados y sus socios.
• Promover la importancia de contar con reclutadores laborales autorizados en las provincias y territorios que todavía no tienen un sistema de licencias y permitir el intercambio de buenas prácticas entre provincias en materia de contratación laboral.
• Informar de forma proactiva a los empleadores sobre la obligación de utilizar reclutadores laborales y consultores de inmigración autorizados en Canadá.

Recomendaciones a las provincias y territorios de Canadá:

• Implantar un sistema de licencias para todas las personas que participan en la contratación de trabajadores y trabajadoras migrantes en las provincias y territorios en lo que todavía no exista.
• Establecer un marco de contratación ética en los sistemas regulatorios y de concesión de licencias a nivel provincial para que las agencias de reclutamiento existentes o potenciales tengan que demostrar el cumplimiento de principios éticos de contratación, que deberá ser comprobado y verificado por una tercera parte independiente; exigir a los empleadores que se registren en la provincia para poder contratar trabajadores y trabajadoras migrantes como exige la normativa en Columbia Británica, Saskatchewan, Manitoba, Quebec, Nuevo Brunswick y Nueva Escocia.
• Modificar la legislación para exigir responsabilidades a los empleadores y reclutadores por las acciones de sus socios en Canadá y en el extranjero durante el proceso de contratación, de forma similar a los cambios recientes introducidos por la provincia Columbia Británica.
• Ofrecer mayor transparencia sobre la autorización de reclutadores e indicar en los registros públicos a nivel provincial las inspecciones a reclutadores, así como las principales consecuencias de las mismas.